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Luis Carlos Ugalde

Entre 2003 y 2015, el PRD tuvo amplias mayorías en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y eso contribuyó a dos fenómenos. Por una parte, una táctica cotidiana para resistir cualquier intento de control del gobierno de la ciudad de México: el partido usaba sus mayorías para bloquear comparecencias de funcionarios, aprobar cuentas públicas y desechar cualquier acusación de corrupción. Por otra parte, un incremento injustificado del presupuesto de la ALDF: pasó —en términos reales— de 655 millones en 2002 a 1,528 millones en 2014, un incremento de 133 por ciento. Solo en diciembre del año pasado se autorizó un aumento adicional de 292 millones para 2015 sin explicación ni justificación.

Las elecciones del 7 de junio cambiaron la correlación de fuerzas en la capital del país. El PRD cayó de 51% de los votos para diputados locales en 2012 a solo 22.3%. En contraste, Morena obtuvo el 23.5% en su primera elección. Como consecuencia, por primera vez el titular del ejecutivo enfrentará una asamblea de oposición: su partido (aunque no es formalmente su miembro) tendrá solo el 26.1% de las curules. Tan solo Morena tiene 30.7%.

El resultado electoral representaba aire fresco para renovar las prácticas clientelares que han dado una gobernabilidad costosa y corrupta a la ciudad de México. Las primeras declaraciones de César Cravioto, coordinador parlamentario de Morena, pronosticaban una asamblea más austera y transparente. Propuso, por ejemplo, reducir 50% su costo y un plan de austeridad para compactar comisiones, transparentar el gasto y eliminar bonos especiales, que significaría, según él, un ahorro de 933 millones de pesos.

En lugar de ello, la VII Legislatura parece repetir los vicios de antes. Según información periodística y documentos internos, los coordinadores de los grupos parlamentarios seguirán recibiendo 300 mil pesos por serlo, así como 200 mil pesos por ser parte de la Comisión de Gobierno (el análogo de la llamada Junta de Coordinación Política en el Congreso federal). En adición a esos 500 mil pesos recibirán su dieta de 68 mil pesos y el apoyo a trabajo de gestión social de 196 mil pesos, eso es, un ingreso mensual por cada uno de los coordinadores de 764 mil pesos. Aunque la cifra fue aprobada por la anterior Legislatura y es modificable a partir de 2016, la Legislatura actual decidió mantener los mismos emolumentos hasta diciembre.

Los fondos de gestión social provienen de las subvenciones que reciben los grupos parlamentarios y pueden variar. Aunque algunos legisladores usan esos recursos para dar atención a sus comunidades, muchos otros simplemente se lo embolsan porque no se deben comprobar.

Cabe mencionar que esta Legislatura aumentó el tamaño de la Comisión de Gobierno de 15 a 19 integrantes. Quienes no son coordinadores parlamentarios, solo reciben una compensación de 200 mil pesos mensuales, que añadidos al resto de sus ingresos, da un promedio mensual de 464 mil pesos. Los legisladores “rasos” recibirían entonces un sueldo de sobrevivencia: 264 mil pesos más apoyos diversos: 15 mil para pago de sus módulos de atención, más 7 mil de papelería y 10 mil de pago de servicios.

Polimnia Romano, ex asambleísta por el Partido del Trabajo en la anterior Legislatura, declaró en entrevista que en sus tres años registró ingresos por más de 11 millones de pesos siendo una diputada "raso", como ella misma dice, es decir, que no presidía ninguna comisión ni formaba parte de la Comisión de Gobierno.

La nueva Legislatura tampoco ha hecho caso de la propuesta de Morena de compactar el número de comisiones. En su lugar se crearon cuatro más para llegar a la cifra ridícula de 38 comisiones ordinarias, 14 especiales y 10 comités, eso es, casi una por legislador.

Como ha ocurrido en el caso de otros congresos locales, casi todos los partidos se coluden cuando se trata de aprobar sus prerrogativas. Salvo Morena y Movimiento Ciudadano, los demás partidos han brillado por la falta de compromiso con la transparencia y la austeridad. El problema no solo es de monto sino sobre todo de los incentivos perversos que genera. ¿Puede un coordinador parlamentario que recibe ingresos de 764 mil pesos al mes, más otros ingresos no reportables, actuar en la práctica como un buen legislador y como un vigilante del gobierno?

La corrupción que se está gestando en muchos congresos del país es un asunto de atención urgente. Los gobernadores y el presidente de la República han optado por no entrometerse —y muchos de ellos lo estimulan— porque es una forma de mantener anestesiados y cooptados a los legisladores. Pero congresos que funcionan a base de cañonazos de 764,000 pesos no son aptos para combatir la corrupción ni para garantizar la transparencia y buen funcionamiento de los poderes ejecutivos.

Hace algunas semanas escribí en este espacio que por primera vez en muchos años parecía abrirse una oportunidad para transparentar los gastos del Congreso y para reducir el número de comisiones y profesionalizar su funcionamiento. Sin pecado original todavía, escribía, los diputados tenían una oportunidad para reconstruir el prestigio del Poder Legislativo. Fui muy optimista.

Twitter:@LCUgalde