Patear la pelota

Luis Carlos Ugalde

Indigna la ligereza con la que algunos legisladores y funcionarios piden cambiar la fecha del apagón analógico. “Si no cumplimos con la fecha que aprobamos apenas en 2013, no pasa nada, simplemente cambiamos la Constitución”, dicen algunos. Patear la pelota una vez más. “Si somos incapaces de cumplir las leyes que votamos, tenemos la llave mágica: cambiar la norma y darnos un nuevo plazo”, es la respuesta que se oye entre muchos diputados y senadores.

Patear la pelota en lugar de exigir que se cumpla la Constitución es resultado de la impunidad legislativa: no hay sanciones para castigar a quienes incumplen con el mandato de ley, empezando por el propio Congreso. Antes de cambiar la fecha del apagón analógico, previsto para el 31 de diciembre de este año, el Congreso debería explicar por qué no fue posible cumplir con un mandato claro y preciso que simplemente requiere un trabajo mecánico y logístico. ¿Quién falló y por qué?

¿Fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? ¿Quién al interior de esa dependencia? ¿Fue el Congreso irresponsable al establecer una fecha inalcanzable cuando se votó la reforma en telecomunicaciones en marzo de 2013? Y si lo fue, ¿por qué nadie dijo nada?

El senador Javier Lozano (PAN) dijo que el problema se originó porque el Congreso le dio el mandato de repartir televisiones y decodificadores a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “lo dejamos a su discreción”. Y que lo hiciera con base en un padrón de beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social. “El resultado el día de hoy es que únicamente se han entregado 6 millones 200 mil aparatos de televisión sobre un universo de 14 millones 300 mil hogares en el país”. Proceder al apagón analógico en estas condiciones, argumenta el senador Lozano, sería una violación al artículo 6 constitucional, que garantiza el derecho a la información, porque no se cumple con el mínimo que establece la reforma.

Una de las pocas voces responsables ha sido Gabriel Contreras, presidente el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Dijo que la Constitución debe observarse y que el apagón debe ocurrir conforme a lo planeado: “no es un capricho, es una decisión establecida en la Constitución” y no hay razón de cambiar, de acuerdo a Contreras, pues en todos los apagones que se han hecho en el mundo, se asume que una parte de la población no estará lista para ello y se quedará sin señal de televisión.

Pero muchos legisladores, sin dar primero razón del retraso en el proceso de apagón, sugieren cambiar la fecha para cuidar el derecho de las audiencias a disfrutar de sus series televisivas y programas favoritos.

Miguel Barbosa (PRD), por ejemplo, dijo que estaba a favor de revisar la fecha fatal para evitar que más de seis millones de mexicanos se queden sin acceso a la televisión, “a la televisión que es parte de la convivencia social en esta época”. Lía Limón (PVEM), presidenta de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, dijo que “no pasa nada si establecemos nuevas fechas. En otros países como Estados Unidos se prorrogó y el proceso llegó a buen fin”.

¿Y quién vela por cuidar la Constitución y exigir responsabilidad de parte de los legisladores? Patear la pelota en lugar de enfrentar las razones del retraso de la transición digital ha sido recurrente en otros casos.

Como los legisladores saben que los plazos son violables sin que haya consecuencias, nadie presta demasiada atención a los artículos transitorios donde se establecen los plazos de implementación de las reformas ni nadie se ocupa en explicar o pedir razones de qué causa el retraso en la ejecución de muchas políticas. La Ley General de Contabilidad Gubernamental, por ejemplo, publicada por primera vez en diciembre 2008, tenía como primera fecha de observancia el 31 de diciembre de 2010 para los gobiernos estatales y municipales. Como no se acató, en lugar de señalar responsables y ejecutar las sanciones (de mil a 500 mil días de salario mínimo o incluso de 2 a 7 años de prisión), se decidió posponer su entrada en vigencia para diciembre de 2014 (y diciembre de 2015 para entes públicos municipales). Como esta segunda fecha tampoco se acató, se volvió a patear la pelota para diciembre de 2015 para el caso de los gobiernos municipales. Como esta segunda fecha tampoco se cumplirá, seguramente habrá nuevas prórrogas.

En 2008 también se aprobó una reforma al sistema de justicia penal para introducir los juicios orales. Se dio como plazo de cumplimiento el año 2016 para todas las entidades federativas. Sin embargo, en mayo de este año la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Penal de Justicia, informaba que no se había alcanzado ni el 60 por ciento de su implementación.

Solamente en seis entidades operaba al 100 por ciento el nuevo sistema y muchas han solicitado prórrogas a los congresos locales, como Jalisco y Querétaro.

Cambiar una vez más la Constitución para poder cumplirla sólo será una invitación para violarla cada vez que algo salga mal. Nadie está obligado a lo imposible: si el plazo original del apagón analógico era incumplible o si el gobierno falló en su estrategia operativa, se debe cambiar la fecha, pero antes debe explicarse con claridad dónde estuvo el error y deslindar responsables. O quizá sería una buena sacudida social que las familias mexicanas dejaran de ver por algunas semanas ‘Lo imperdonable’ o ‘Antes muerta que Lichita’, o bien, los partidos de la liguilla de futbol soccer que, aunque sean importantes para nuestra “convivencia social”, podrían ser sacrificados en pro del cumplimiento cabal de nuestra Constitución.

Twitter:@LCUgalde