Agenda electoral 2016

Luis Carlos Ugalde

El 5 de junio habrá elecciones en 13 entidades del país. En ellas se elegirán 12 gobernadores, 388 diputados locales de 12 entidades y 548 ayuntamientos de 11 entidades (en Oaxaca se elegirán solamente 153 por régimen de partidos y 417 por usos y costumbres).

Las 12 entidades que tendrán elecciones a gobernador (Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas) acumulan 24.8 por ciento del PIB nacional, concentran 31.8 por ciento del electorado y 32.3 por ciento de la población total del país. Veracruz es el estado que ocupa el primer lugar en estos indicadores, seguido de Puebla y Chihuahua. El último lugar es Tlaxcala, que empata con Aguascalientes en porcentaje de la lista nominal y de la población total que concentra. Sin embargo, hay un abismo entre ambos. Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Aguascalientes fue la entidad que más creció en 2014, con una tasa de 11.3 por ciento (9.1 puntos arriba del promedio nacional, que fue de 2.2), mientras que Tlaxcala apenas creció a 2.4 por ciento.

De las 12 entidades con elección de gobernador, en cinco nunca ha habido alternancia: Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. Por su parte, Aguascalientes y Zacatecas han tenido un periodo de transición en el cual el PAN y el PRD gobernaron durante dos sexenios (1998-2010). Tlaxcala es la única entidad donde han gobernado los tres partidos grandes: PRD en 1999-2005, PAN en 2005-2011 y el PRI antes y después de esos periodos.

De las 12 entidades en disputa, el PRI gobierna actualmente en nueve de ellas: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. El PAN gobierna dos ganadas en coalición: Puebla y Sinaloa. En Oaxaca gobierna la coalición Movimiento Ciudadano-PRD-PAN. (Decir que gobierna una coalición es con frecuencia un eufemismo o ironía. Con frecuencia quien gobierna es el gobernador de la mano de sus aliados, sean del partido que sean. Algunos partidos coaligados festejan la noche de la elección y en ocasiones son desplazados de la gestión de gobierno).

Las coaliciones electorales son esenciales para ganar elecciones, sobre todo para el PAN y el PRD. Según datos de Sebastián Garrido, entre 2009 y 2015 hubo 41 elecciones para gobernador. Treinta y seis de ellas fueron ganadas por una coalición. El PRI ganó 26 elecciones, 25 de ellas en coalición. El PAN ganó nueve, seis de ellas en coalición (cuatro de ellas incluyeron al PRD). El PRD ganó nueve elecciones, todas en coalición (cuatro de ellas incluyeron al PAN).

No será diferente este año. El presidente nacional del PRD, Agustín Basave, lo reconoció: “El objetivo a largo plazo es que podamos ser competitivos e ir solos. Ahorita no es el caso y si no somos realistas no sé a dónde vamos a acabar, aun en los estados donde somos competitivos solos es difícil que ganemos”. Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de ese partido, Ángel Ávila, dijo que están interesados en hacer alianzas para ocho de las 12 entidades que se disputarán en 2016: Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Durango, Puebla, Zacatecas, Tamaulipas y Sinaloa. Durante el periodo vacacional firmaron la alianza con el PAN en Durango.

Las elecciones se darán en un contexto que tiene tres aristas principales. La primera es una tendencia hacia una mayor fragmentación del voto. Mientras en 2000 los tres grandes concentraban 94 por ciento del voto, en 2015 sólo 60 por ciento Es previsible que esta tendencia siga creciendo en 2016. La segunda es una “ola antipartidos” y el éxito de algunos candidatos independientes. Hoy más ciudadanos pueden aspirar a ocupar un cargo público aunque no pertenezcan a ningún partido. ¿Cuántos candidatos independientes lograrán la victoria en 2016? En el periodo vacacional se anunció una candidatura sin partido que puede ser muy atractiva y exitosa: la de José Luis Barraza, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial y de Coparmex, como candidato a gobernador de Chihuahua.

La tercera arista es la que probablemente se convierta en el tema principal de las campañas: la corrupción. Desde fines de 2014 ésta ha sido la que más ha dañado la reputación del gobierno de Enrique Peña Nieto. Cada vez es más notoria una exigencia ciudadana para que sean castigados lo actos corruptos. Parte de ello explica la victoria de Claudia Pavlovich en Sonora y de Jaime Rodríguez Calderón en Nuevo León. Ambos acusaron a los gobernadores en turno de corrupción rampante y capitalizaron el hartazgo social. Ambos prometieron erradicar el problema y castigar a los culpables y resultaron victoriosos.

¿Cuántos candidatos replicarán la estrategia? Seguramente varios. En algunas de las 12 entidades con elección de gobernador hay severas acusaciones de corrupción y abuso del poder. En algunas de ellas candidatos independientes o de partidos de oposición podrán ganar. El combate a la corrupción seguirá así una ruta ascendente desde la periferia hacia el centro.

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Saldo electoral 2015

Luis Carlos Ugalde

36.6 millones de mexicanos (47 por ciento de la lista nominal de electores) votaron en 2015 para renovar la Cámara de Diputados (500), nueve gubernaturas, 600 diputados locales y 907 ayuntamientos o juntas municipales de 16 entidades federativas. Poco después, el 19 de julio, se eligieron 41 diputados locales y 122 ayuntamientos en Chiapas.

Los tres grandes perdedores de los comicios del 7 de junio fueron el PRI, el PAN y el PRD. Juntos perdieron alrededor de 15 millones de votos respecto de las elecciones de 2012. En cambio, Morena, el Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano fueron los ganadores netos.

El voto se fragmentó. Mientras que en 2000 los tres grandes partidos (PAN, PRI y PRD) capturaron más de 90 por ciento de la votación total, en 2015 solamente lograron 60 por ciento. Por su parte, los partidos pequeños o emergentes sumaron 21.42 por ciento. Tan sólo Morena, en su primera elección, obtuvo poco más de 8.4 millones de votos. El Partido Verde subió su porcentaje de votación, lo que significa un aumento de 800 mil votos entre 2012 y 2015.

Respecto de las gubernaturas, el PRI ganó cuatro: Campeche, Guerrero, San Luis Potosí y Sonora. El PAN ganó dos: Baja California Sur y Querétaro, mientras el PRD una, Michoacán. En Nuevo León ganó un candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, con 49 por ciento de la votación. De estas gubernaturas competidas, hubo transición en cinco de ellas. La elección en Colima entró en proceso de impugnación y fue anulada debido a la presunta injerencia del gobernador en el proceso electoral.

Los ayuntamientos se repartieron de la siguiente manera: el PRI obtuvo 371, el PAN 178, el PRD 138, Movimiento Ciudadano 35, PVEM 21, PT 12, Panal 11, Morena 11, Humanista 1, Encuentro Social 1, partidos locales 2 e independiente 1. En este ámbito, prácticamente todos ganaron a costa del PRI, que perdió 76 municipios, el PT, que perdió dos y los partidos locales, que perdieron dos.

Aunque el PRI fue uno de los grandes perdedores de votos en 2015, fue el gran ganador en curules en la Cámara de Diputados: obtuvo 206 convirtiéndose en la bancada más grande. En coalición con el Partido Verde y el Panal suman 259, un candado formidable para conducir las labores legislativas. Llama la atención que en 2006, cuando el PRI obtuvo una votación semejante que ahora en 2015, haya obtenido tan sólo 104 curules. ¿Qué ocurrió?

En un artículo anterior (30 de junio) sostenía que los dos grandes aliados del PRI en 2015 fueron Morena y el Partido Verde. “Gracias al primero ganó 42 diputados; gracias al segundo 46. Eso es, sin el efecto combinado de esas dos fuerzas políticas el PRI tendría hoy 88 legisladores menos […] la irrupción de Morena fragmentó el voto de las izquierdas y en muchos distritos donde el PRD era competitivo y le ganaba al PRI (sobre todo en el sur y sureste del país) ahora perdió y el tricolor salió triunfante. Así ganó el PRI 42 distritos. Por otra parte, la alianza con el Verde les dio a los candidatos del PRI-PVEM un colchón de al menos dos o tres puntos adicionales, suficientes para ganar en muchos distritos competidos. Gracias a esa alianza se ganaron 46 distritos”.

Sin duda, el asunto medular, el posible game changer de 2015, fue el éxito de los candidatos independientes. A pesar de que el proceso para obtener el registro de una candidatura independiente no es fácil, 122 ciudadanos lograron juntar todos los requisitos. De éstos, 100 se postularon para un cargo local y 22 para diputado federal. Los exitosos fueron pocos, apenas seis, pero nos dieron grandes sorpresas. Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” logró convertirse en el primer gobernador independiente de la historia del país. Con su discurso coloquial y energético aumentó lentamente en las preferencias electorales hasta que se colocó en el puntero, derrotó a la candidata del PRI –que fue afectada por los escándalos de corrupción de gobernador saliente– y [logró] que el candidato de MC declinara a su favor. Otro caso interesante fue el de Pedro Kumamoto, quien ganó la diputación por el distrito 10 local de Zapopan, Jalisco. Este joven de 25 años utilizó una campaña muy activa en redes sociales que costó una ínfima parte respecto a las campañas de los partidos.

Pero quizá el gran ganador de 2015 no es ni el PRI ni los partidos emergentes sino el presidente Enrique Peña Nieto, quien a pesar de la caída de su aprobación en 2015 logró que su partido, el PRI, mantuviera el liderazgo en la Cámara de Diputados y con ello puede mantener la conducción del gobierno en la segunda mitad, limitar la fiscalización de su administración y concluir las reformas secundarias del Pacto por México. Que el presidente sea el ganador neto no significa, obviamente, que lo sea la democracia mexicana.

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Mi opinión del caso Arturo Escobar

¿Por qué es malo etiquetar el Presupuesto?

Luis Carlos Ugalde

Porque distorsiona la función legislativa. Las tareas primigenias del Congreso son representar, legislar y controlar al Ejecutivo, no crear proyectos específicos de obra pública o ponerle nombre y apellido a los programas públicos. En materia presupuestaria, el llamado “poder de la bolsa” del Congreso consiste en garantizar que el Presupuesto refleje las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y luego supervisar que el gasto se ejerza con oportunidad, honestidad y eficacia.

Ciertamente el Congreso tiene la facultad de modificar el proyecto que le somete el Ejecutivo y comúnmente lo hace. Incluso, puede señalar proyectos que requieren más recursos o pedir que se asignen más fondos al campo o la educación como lo hace año con año. Pero etiquetar recursos significa pedir que se haga una alberca aquí o una cancha de básquet allá o que se construya un puente más allá. Significa invadir las facultades de planeación del Poder Ejecutivo y confundir los roles: uno planea y gasta, el otro aprueba el Presupuesto y supervisa que se ejecute correctamente.

Etiquetar presenta varios problemas. Por una parte, se presupuesta con la mirada en el ombligo propio, no en el interés general o con una lógica de desarrollo nacional. Cada legislador que etiqueta piensa en el interés particular de su pueblo o colonia (en el mejor de los casos), pero algunos lo hacen para ayudar a su compadre o aliado político. Se suman así cientos de pequeños proyectos, muchos de ellos sin viabilidad técnica ni beneficio social, que ayudan a juntar los votos a favor del Presupuesto pero que contaminan el poder del Congreso: en lugar de que sirva para que el gobierno gaste bien, se usa para que los diputados alimenten clientelas.

Muchos diputados aducen que la gestoría de recursos es parte de su labor y que los electores exigen obra, varillas, cemento, becas e incluso dinero en efectivo. Bajo esa lógica se ha gestado otra práctica perniciosa: la de dar fondos para gestoría social para que diputados los repartan bajo su mejor albedrío. Cada vez más congresos en el país dan partidas millonarias a sus legisladores (con mecanismos de comprobación muy laxos) para que repartan materiales de construcción, dinero o lo que les venga en gana. Algunos lo usan para dar apoyos a sus comunidades; otros pueden simplemente meterlo a su cartera personal.

Hacer lo que algunos grupos sociales demandan no es la guía correcta. “Si no les llevo varilla o despensas no me reciben en el pueblo”, he escuchado decir a varios legisladores. “A la gente no le interesa saber las leyes que voto, sino las cosas que les llevo”, me dijo un amigo hace poco. “Las reformas estructurales no le interesan a la gente, sino las becas que les doy para sus hijos”.

Cuando un legislador presta más atención a los fondos que puede repartir o a las labores de gestoría social que hace con dinero público, se distrae de su función central de revisar que el Presupuesto en su conjunto cumpla las metas de desarrollo del país, de revisar que los programas sociales sean efectivos o de analizar los cientos de partidas del Presupuesto. Desde que surgió la perniciosa práctica de etiquetar a mediados de la década pasada, notoriamente durante la negociación del Presupuesto de 2005, la actividad de la Cámara de Diputados se concentra más en negociar esas partidas dejando de lado la revisión integral del Paquete Económico.

Durante la negociación del PEF 2016 poca información se tuvo de la evaluación que se hizo de los programas sociales. Tampoco se supo si la Comisión de Presupuesto analizó los informes de la Auditoría Superior de la Federación para asignar fondos federales a las entidades del país (muchas participaciones son desviadas año con año). Tampoco se sabe si se revisó con detalle la política de inversión de Pemex, por ejemplo. En contraste, los medios dieron amplia cobertura a la etiquetación de recursos y la asignación de diez mil millones de pesos para el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.

Este fondo sustituye a tres que se habían creado en los últimos años para la etiquetación: pavimentación y desarrollo municipal, infraestructura deportiva y cultura, que los diputados solían asignar libremente a gobiernos municipales y estatales. Esos fondos habían sumado alrededor de 11 mil millones de pesos cada año y estimularon la industria de sobornos o “moches” porque algunos alcaldes y gobernadores ofrecen recompensa a cambio de recibir mayor presupuesto.

El nuevo fondo limitará la corrupción porque ahora los diputados ya no pueden elegir proyectos sino sólo decidir a qué municipio o entidad se canaliza. La Secretaría de Hacienda emitirá disposiciones para que los estados y ayuntamientos presenten proyectos y puedan gastarlos en pavimentación, mantenimiento de vías, drenaje y alcantarillado, alumbrado, espacios culturales y deportivos, entre otros.

¿Un paso adelante? Sí y no. Por una parte se contiene la improvisación porque los diputados ya no inventarán proyectos para gastar y serán los mismos gobiernos los que presenten proyectos a principios de 2016. Sin embargo, mantuvieron la facultad de escoger municipios o entidades para canalizar 20 millones de pesos por cabeza.

¿Acaso no era mejor que el susodicho fondo canalizara sus diez mil millones de pesos mediante una fórmula de población, rezago social o integridad de sus finanzas públicas? ¿No habría sido mejor premiar a los ayuntamientos que han cumplido con ciertos programas, por ejemplo, la armonización contable? ¿Podrán los ayuntamientos presentar proyectos viables y útiles en pocas semanas? ¿Se gastarán bien esos 10 mil millones de pesos?

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50% menos

Luis Carlos Ugalde

Para fortalecerlos, no para debilitarlos, es muy positiva la campaña que ha iniciado el senador Francisco Búrquez (PAN) para reducir el financiamiento público de los partidos. El sugiere reducir a la mitad el dinero público que reciben –de ahí el nombre de la campana en Change.org que ha recolectado casi 100 mil firmas. Aunque el monto de reducción debe ser un tema de debate y de análisis sereno, la propuesta de bajar los recursos es correcta. (La petición del senador también incluye al INE y al Congreso).

Durante buena parte del siglo pasado el PRI recibió financiamiento cuantioso e ilegal del gobierno. Por eso dotar a todos los partidos de amplio financiamiento público en la reforma electoral de 1996 era una medida necesaria que niveló la cancha del juego, aumentó la competencia y facilitó el pluralismo y la alternancia.

Pero el aumento de fondos públicos fue desproporcionado. Entre 1996 y 1997 el financiamiento público pasó de 596 millones de pesos a 2 mil 111 millones, un salto de casi cuatro veces. A lo largo de los últimos 18 años ese financiamiento ha seguido su racha alcista, así como también el financiamiento paralelo e ilegal que fluye a muchas campañas políticas. Mucho dinero ha tenido efectos perversos: ha burocratizado a los partidos, elevado sus nóminas, estimulado el clientelismo y los ha alejado de la sociedad. Asimismo, ha encarecido las campañas porque en lugar de que el dinero público inmunizara a los partidos de la adicción al dinero privado, ha atraído más dinero privado. Dinero llamó más dinero.

Los partidos se han convertido en administradores de “vacas gordas”, según expresión de Jorge Alcocer, después de décadas de haber sobrevivido con poco dinero pero con mucha convicción, sacrifico y trabajo voluntario. Ahí empezaba el ciclo destructor de la mística de la lucha opositora. Según el mismo Alcocer, “el dinero en exceso pudrió a los partidos”.

Reducir el financiamiento a los partidos es una forma para que recuperen su condición de organizaciones de lucha política, una manera de humanizar nuevamente a sus dirigentes y militantes. Hoy menos dinero significa mejores partidos.

La propuesta de reducir el financiamiento a los partidos debe acompañarse de una narrativa que explique con claridad sus beneficios.

La propuesta debe ir más allá de saciar el enojo social o del argumento presupuestario: quitarle a los partidos para construir hospitales o escuelas. No es que sea desdeñable usar dinero para la salud o la educación, pero en términos globales el ahorro de bajar el financiamiento a los partidos es limitado en términos globales. Si se trata de tener mejor educación o salud, hay otras vías fiscales más eficaces. Ejemplo: si se redujera a la mitad el financiamiento federal de los partidos en 2016, el ahorro sería de 2 mil millones de pesos. Tan sólo el monto disponible de nuevos recursos por haber modificado el tipo de cambio en el proyecto de presupuesto para el próximo año dará 17 mil 800 millones de pesos extras.

Por ello el argumento debe ser que menos dinero reduciría el clientelismo y la burocratización de los partidos, contribuiría a abaratar las campañas y sería un arma muy eficaz para romper el ciclo corruptor que se detona a partir de campañas caras que requieren financiamiento ilegal y luego pago por medio de asignación de contratos u obra pública a precio alzado.

Se argumenta que menos dinero público significaría más dependencia de dinero privado. Sin embargo hoy tenemos mucho dinero público y una creciente dependencia del financiamiento ilegal.

El debate en torno a reducir el dinero a los partidos debe tener carácter pedagógico, como ha sido el caso en materia despenalización de la mariguana. Hasta ahora buena parte de la demanda de quitarles dinero tiene un tono de revancha. Entendible como es, el debate debe canalizarse de forma más creativa y didáctica. Menos dinero para fortalecer a los partidos, no como una vía de revancha o castigo.

El debate apenas empieza. Varias preguntas debemos responder.

¿Cuánto cuesta en la realidad una campaña electoral? ¿Cuánto debería costar? ¿Cuál es el balance saludable de dinero público y privado para financiarlas? ¿Cómo legalizar y transparentar parte del dinero privado que hoy se canaliza a las campañas de forma ilegal? ¿Qué fórmula usar para calcular la bolsa de los partidos? ¿Cómo hacer el ajuste a la baja? ¿Se requiere un periodo de transición?

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